El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó el pasado 10 de marzo, una medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 0182, dentro de una acción popular, argumentando:
- Riesgo a derechos colectivos como la libre elección.
- Posibles afectaciones a la continuidad de tratamientos.
- Necesidad de evaluar el impacto antes de su aplicación definitiva.
¿Qué autoridad judicial suspendió el Decreto 0182?
La suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026 fue ordenada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera, mediante auto interlocutorio del 10 de marzo de 2026, dentro de una acción popular presentada contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social.
La decisión no anula el decreto, pero suspende temporalmente sus efectos jurídicos, mientras el tribunal estudia de fondo si la norma vulnera derechos e intereses colectivos.
En este caso, asociaciones de usuarios y ciudadanos alegaron que la aplicación del Decreto 0182 podría afectar de forma masiva y preventiva derechos colectivos en salud.
Argumentos centrales del Tribunal para suspender el decreto
El Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que existían indicios suficientes de riesgo que justificaban una medida cautelar de urgencia, sin esperar el fallo definitivo.
- La continuidad en la atención en salud:
El tribunal señaló que la reorganización territorial de EPS prevista en el decreto podría generar interrupciones en tratamientos médicos, especialmente para pacientes con: Enfermedades crónicas, tratamientos de alto costo y atención especializada continua
Este riesgo se consideró grave e inminente, dado que el traslado de afiliados podría ocurrir antes de verificar la capacidad real de las EPS receptoras.
- La libre elección de EPS
Aunque el Ministerio de Salud sostuvo que la libre elección no es absoluta, el tribunal advirtió que el decreto reduce de manera significativa la posibilidad real de escoger EPS, al imponer reasignaciones administrativas en múltiples territorios.
Para el tribunal, esto podría constituir una restricción desproporcionada, sin una evaluación individualizada de los usuarios afectados.
- La estabilidad del sistema de prestación de servicios
El Tribunal destacó que el Decreto 0182 introduce cambios estructurales profundos en el modelo de aseguramiento por vía reglamentaria, lo cual exige:
- Mayor gradualidad
- Estudios técnicos públicos
- Mecanismos claros de transición
¿Cuál es el alcance jurídico de la suspensión?
Es clave precisar que: El decreto sigue existiendo jurídicamente, que sus efectos están suspendidos provisionalmente y que no puede aplicarse mientras esté vigente la medida cautelar
Por lo tanto, el sistema sigue operando bajo las reglas previas del Decreto 780 de 2016.
Algunas reacciones tras la decisión judicial.
Varias asociaciones de usuarios y pacientes celebraron la suspensión y anunciaron nuevas acciones jurídicas para lograr que el decreto sea retirado definitivamente.
El Gobierno ha defendido el decreto como una medida técnica y necesaria, y ha reiterado que no buscaba traslados arbitrarios, que la asignación de afiliados era temporal y excepcional y que el objetivo era proteger el derecho fundamental a la salud.
¿Cuáles son los escenarios que le quedan al gobierno?
Escenario 1: Levantamiento de la medida cautelar
Si el tribunal considera que no hay vulneración de derechos colectivos, el decreto podría volver a aplicarse.
Escenario 2: Anulación definitiva del decreto
Si se demuestra afectación grave a derechos colectivos, el tribunal podría dejar sin efectos el decreto, total o parcialmente.
Escenario 3: Ajustes normativos del Gobierno
El Ejecutivo podría expedir un nuevo decreto modificado, incorporando criterios de transición, gradualidad y protección reforzada a los usuarios.
Implicaciones de esta decisión en un contexto de crisis sectorial.
Desde una perspectiva política, la suspensión del Decreto 0182 evidencia los límites del poder reglamentario del gobierno en reformas estructurales. Revalida el papel del poder judicial en la garantía del derecho a la salud y anticipa los conflictos jurídicos que podría enfrentar una reforma legal más amplia al sistema de salud.
Desde INNOS continuaremos atentos a los ajustes normativos que el gobierno viene introduciendo en el sistema de salud y los efectos que estas nuevas regulaciones tienen en el acceso y la calidad de los servicios.
